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En su parte inicial, la Iniciativa de norma plantea que “las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) están provocando transformaciones sociales sólo comparables a las que experimentó la humanidad con la invención de la escritura o de la imprenta. La revolución en curso está generando más sobreabundancia de información, ayudando a la creación de nuevos conocimientos a una velocidad nunca antes vista”. 

La digitalización y la transformación digital son temas actuales, presentes y relevantes. Quedó demostrado con la crisis pandémica y la rapidez con que las tecnologías respondieron para darle continuidad a los servicios públicos y las empresas. La salud, la educación y el trabajo se virtualizaron. “Una realidad como esa presenta desafíos que exigen la fijación de nuevas normas, derechos y deberes”, propone el académico de la Universidad de Chile, José Miguel Piquer junto a docentes y egresados de la Universidad de Chile, todos personalidades activas en el sector tecnológico.

El argumento para establecer estos derechos es claro ,

el acceso a este mundo digital así como las destrezas para operar en él, están creando una nueva brecha, que llamaremos brecha digital, y que puede contribuir a segmentar aún más nuestra sociedad. Por otra parte, digitalización tiene una enorme repercusión en nuestra forma de vivir, trabajar y comunicarnos. Afecta a todos los ámbitos de la sociedad y es ésta la realidad que deberemos enfrentar en los próximos años. 

El entorno digital es un nuevo “ambiente”, similar al rural y al urbano, y por lo mismo es necesario prevenir la ocurrencia de excesos por parte del Estado.  

Lo ideal, agrega el documento, es que el acceso a las redes digitales y la alfabetización/educación digital sean derechos garantizados por el Estado, de modo que nadie se quede a la orilla de esta nueva carretera. 

Para el grupo que promueve esta iniciativa, lo central es: 

  • Garantizar el acceso universal a las redes digitales de información y a los servicios que éstas otorgan, garantizar neutralidad de las redes
  • Derecho a la identidad en el mundo digital (p.e., a través de una casilla electrónica al nacer)
  • Derecho a la alfabetización/educación digital
  • Derecho a relacionarse digitalmente con el Estado (obligación del Estado)
  • Derecho al acceso a los datos públicos con fines de investigación, innovación y desarrollo
  • Derecho a la privacidad, protección de datos personales, rectificación, olvido,
  • Extensión de una serie de derechos al mundo digital (p.e., libertad de expresión)
  • Regulación de la Inteligencia Artificial.

La posición del grupo que sustenta la propuesta es que

no todos los temas aquí referidos serán materia constitucional, algunos serán materia de ley, sin embargo es fundamental que la decisión de incluirlos o no sea un acto consciente, y no una consecuencia de no haberlo pensado, una variante del “no lo vimos venir.

Del mismo modo, no es recomendable legislar de manera específica para cada nueva tecnología, porque esto puede transformarse en una restricción fatal para el futuro y también un freno a la innovación.

La iniciativa fue firmada y propuesta por: 

  • Nancy Hitschfeld, Doctora en Computación, académica Universidad de Chile
  • Ricardo Baeza Yates, Doctor en Computación, Profesor de Investigación (media jornada) en el Instituto de IA Experiencial de Northeastern University, Silicon Valley, ex CTo de NTENT, ex Vicepresidente de Investigación de Yahoo Labs
  • José Miguel Piquer, Doctor en Computación, Vicerrector de TI de la Universidad de Chile, fundador de NIC Chile
  • Rodrigo Trujillo, Ingeniero Civil en Computación, Asesor División Gobierno Digital, Ministerio Secretaría General de la Presidencia
  • Eric Nicholls, Ingeniero Civil en Computación, Consultor en Ingeniería y Arquitectura de Software
  • Didier de Saint Pierre, Ingeniero Civil en Computación, Consultor en transformación digital e informática médica
MI.UCHILE
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